¿Qué es la jerarquía normativa?

La jerarquía normativa es un principio jurídico que ordena las normas y leyes para saber cuáles son prioritarios para que cumplan lo recogido en la Constitución. Así se consigue unidad y coherencia en el ordenamiento jurídico. Te explicamos más en profundidad en qué consiste.

Jerarquía normativa: ¿en qué consiste?

La jerarquía normativa es un principio jurídico por el cual las normas de un ordenamiento jurídico se ordenan mediante un sistema de prioridad. Según este sistema unas normas tienen preferencia sobre otras. Para establecer tal prioridad se pueden usar distintos criterios, como son la validez de la norma basada en otra previa superior, la función de la norma, la preferencia en la aplicación de la norma o el diferente órgano político del que surge la norma.  

Con la jerarquía normativa se ordenan diferentes elementos del ordenamiento jurídico, de modo que este consigue unidad y coherencia. Este concepto jurídico es relevante en los sistemas de derecho continental como el sistema jurídico de países de América Latina o de Europa por ejemplo.

La jerarquía normativa es un principio que se compone de leyes y normas de diferentes rangos y, por tanto, no son consideradas de la misma clase o relevancia ni se aplican sobre el mismo ámbito. El papel fundamental de la jerarquía normativa es organizar las normas de manera jerárquica.

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¿Cómo se aplica la jerarquía normativa a la Constitución? 

El principio de jerarquía en la Constitución se establece en función del Código Civil. Este principio implica que una norma de rango inferior no puede, en ningún momento, contradecir o vulnerar a una norma establecida en un rango superior.  Esto significa que ninguna ley o decreto que se establezca en España puede pasar nunca por encima de los preceptos de la Constitución. 

La Constitución es la norma de mayor peso a nivel jerárquico y la principal norma del ordenamiento jurídico. Establece los principios fundamentales, los derechos y las garantías fundamentales, así como la organización y los poderes del Estado.  

Todas las demás normas deben estar en concordancia con la Constitución y no pueden contradecirla. 

La Constitución dispone que el orden de las fuentes en nuestro ordenamiento se establezca según la posición que ocupa en la estructura del Estado el órgano que la dicta. El poder legislativo reside en las Cortes Generales, es decir son las que tienen capacidad para dictar normas, aunque esta potestad se puede delegar en los Gobiernos centrales o autonómicos.  

Las normas que se dictan por órganos distintos a la Cortes no tienen el mismo rango. Por ejemplo, tiene mayor rango una ley orgánica que un real decreto ley. Esto es porque para promulgar la primera se necesita el apoyo por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pero un decreto ley lo promulga un Gobierno, no las Cortes Generales. 

Estas normas se clasifican en diferentes niveles o categorías según su importancia y el ámbito de aplicación. Como ya dijimos la norma más importante es la Constitución, pero vamos a ver a continuación cómo es la jerarquía normativa en España.

¿Cómo se clasifica la jerarquía normativa?

En la cúspide está la Constitución y en la base la forman las disposiciones reglamentarias. Esta estructuración se conoce como la pirámide de Kelsen y consta de tres niveles: 

• Fundamental: es la parte más importante de un ordenamiento jurídico e incluye la constitución nacional de un país, la carta magna o el texto jurídico de referencia para el resto de leyes y normas.
• Legal: incluye a las diferentes leyes por las que se rige un territorio.
• Base:  son las normas jurídicas que no tienen rango de ley, como reglamentos, sentencias, resoluciones, etc.

¿Cuál es el marco normativo español?

Veamos a continuación las normas y cómo se ordenan en el sistema jurídico español: 

• Reglamentos y directivas de la Unión Europea. Los reglamentos se emiten por los poderes ejecutivos o administrativos, como los gobiernos o las agencias reguladoras. Su finalidad es desarrollar, complementar o especificar las disposiciones de las leyes y dar instrucciones sobre cómo implementar y aplicar las leyes. 
• Tratados internacionales ratificados por el Estado español. Se trata de acuerdos suscritos por diferentes países sujetos de derecho internacional. 
• Leyes, emanadas de las Cortes Generales. Las leyes son normas generales que son promulgadas por el órgano legislativo de un país, como el Parlamento o el Congreso. Pueden ser orgánicas, ordinarias o especiales en función de la legislación y el sistema legal. Son vinculantes para todos los ciudadanos y deben estar de acuerdo con la Constitución. En este caso hablamos de leyes orgánicas y leyes ordinarias del Parlamento y el Senado españoles. En el primer caso están reguladas en el artículo 81 de la Constitución e incluyen las relacionadas con los derechos fundamentales y las libertades públicas, los estados de alarma, las que aprueben los estatutos de autonomía… Para ser aprobadas, modificadas o derogadas es necesaria la mayoría absoluta del Congreso. Por su parte, las leyes ordinarias se aprueban por mayoría simple del Congreso y el Senado y regulan materias no incluidas en las leyes orgánicas, como por ejemplo leyes de tipo fiscal.
• Normas con rango de ley, emanadas del poder Ejecutivo. En este caso su aprobación solo requiere del visto bueno del Gobierno. Incluye los reales decretos ley y los reales decretos legislativos.
• Reglamentos dictados por el Gobierno. Aquí se incluyen, reales decretos, órdenes de comisiones delegadas, órdenes ministeriales, circulares, instrucciones…
• Leyes y reglamentos dictados por las comunidades autónomas. La jerarquía entre las leyes autonómicas y las estatales depende también de principios como su especialidad (que prevalece sobre una ley general), la materia que regule o el propio rango de la norma. Su contenido está determinado por las competencias que cada comunidad tiene y este es su límite. Es decir, no puede contradecir una ley estatal en una materia que no sea de su ámbito de aplicación.
• Reglamentos dictados por entidades locales. En el último escalafón de la pirámide de la jerarquía normativa española están las disposiciones que dictan las entidades locales (Ayuntamientos y Diputaciones). Son las llamadas ordenanzas, reglamentos y bandos y tienen carácter reglamentario, por lo que no pueden contravenir ninguna norma superior. 

Como podemos ver la jerarquía normativa permite saber cuál es la prioridad de las leyes y normas del ordenamiento jurídico y por tanto darle unidad y coherencia. Las leyes inferiores siempre deben acatar a las superiores y no contradecirlas y siempre también cumplir lo recogido en la Constitución.  

La jerarquía normativa permite ordenar y organizar la gran cantidad de leyes y normas y eso contribuye a un mejor funcionamiento de las diferentes administraciones.

¿Cómo formarte para saber más sobre jerarquía normativa?

Conocer la jerarquía normativa te será muy útil si te formas para desarrollar tu trabajo en el ámbito jurídico. En este sentido deberás conocer a fondo esta jerarquía si preparas oposiciones de Justicia, sean del tipo que sean, desde auxilio judicial a tramitación o gestión procesal.

El funcionario de Auxilio Judicial es un agente de la autoridad cuya principal función es comunicar y ejecutar actos judiciales, archivar documentos y vigilar el estado del material de su oficina.

Las oposiciones para gestión procesal y administrativa están abiertas a profesionales que no tengan una titulación en Derecho.

Se trata de funcionarios de carrera que colaboran con la actividad procesal a nivel superior y se encargan de realizar tareas procesales como la tramitación de procedimientos, gestión administrativa, elaboración de documentos sobre embargos, recepción y entrega de documentos a los Juzgados y Tribunales, entre otros. 

Este cuerpo pertenece a la categoría superior dentro de los cuerpos generales, es decir, forma parte del grupo A2.  El gestor procesal y administrativo se ubica pues en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y su principal función es la colaboración en la actividad procesal de nivel superior.

Para ser gestor procesal puedes ingresar en este cuerpo de funcionarios mediante turno libre o promoción interna.

En el caso del acceso por turno libre, la oposición consta de tres ejercicios: un examen de 100 preguntas, un ejercicio escrito en el que deberás desarrollar dos temas que expondrás luego ante el Tribunal y un último ejercicio escrito en el que deberás responder preguntas sobre un caso práctico. 

La evaluación por promoción interna es distinta y consta de un test, un ejercicio escrito y concurso por méritos.

A la hora de prepararte es importante que optes por una academia con experiencia en este sector.

Ahora ya sabes qué es la jerarquía normativa y por qué es vital en el ámbito jurídico. Si deseas especializarte y saber más sobre este tema, elige una academia especializada y a tu medida como Campus Training.