Historia de los servicios sociales

¿Te interesa trabajar en el ámbito de la ayuda social? Seguro que tienes curiosidad por saber la historia de los servicios sociales, ¡atento!
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Marcos Nebreda López
Marcos Nebreda López 16 de febrero de 2021

    La generalización del Estado de Bienestar trajo consigo la creación y extensión de los servicios sociales. Este sistema de programas y recursos dirigidos a aquellas personas que están en situaciones de exclusión social o dependencia lograron modificar el panorama social y permitieron la inclusión de ciudadanos que hasta ahora se habían mantenido al margen del sistema. Si quieres conocer la historia de los servicios sociales y hacer un repaso por su evolución hasta nuestros días, no te pierdas nada de este artículo.

     

    Origen de los servicios sociales

    Durante la Edad Media, el concepto de servicios sociales se basa en la caridad, un concepto estrechamente relacionado con la Iglesia católica. Se trataba de reducir las manifestaciones más extremas de pobreza o desigualdad pero nunca abordando las causas que la ocasionaban.

    Como segunda etapa de los servicios sociales podemos hablar de la beneficencia pública cuyo origen data del siglo XVI.  La beneficencia era una organización o actividad que ofrecía prestaciones en favor de los necesitados de forma discrecional y gratuita, financiada con fondos públicos y privados. Un rasgo esencial de la beneficencia es que no genera derechos; no existe derecho a obtener la prestación.

    En los siglos siguientes se mantienen estas bases pero se perciben cambios en la historia de los servicios sociales. La pobreza comienza a ser un problema global de la sociedad española y de responsabilidad pública. En el siglo XVIII se produce una etapa de reforma y surge una tercera etapa en la historia de los servicios sociales; la asistencia social.

    La asistencia social es un sistema público organizado de servicios e instituciones sociales para ayudar a grupos de personas es situaciones de necesidad. Va un paso más allá de la beneficencia que solo realizaba acciones coyunturales. La asistencia social pretende cubrir necesidades básicas más allá de la mera indigencia.

    Durante el siglo XIX en España, van a coexistir los conceptos de beneficencia y de asistencia social. Como consecuencia de las Cortes de Cádiz, se aprueba la Ley de Beneficencia de 1822 y, posteriormente, la de 1849.  En la segunda mitad del siglo, la cuestión social va a convertirse en asunto central, acelerándose el intervencionismo estatal en materia social. Como ejemplo de esto está la creación de la Comisión de Reformas Sociales en 1883, que estudiaba cuestiones relativas a los problemas sociales. Gracias a su labor se promulgaron numerosas disposiciones en materia social, siendo la raíz de la legislación social y asistencial posterior.

    A comienzos del siglo XX, se crea el Instituto de Reformas Sociales, el Instituto Nacional de Previsión, comienzan los Seguros Sociales y la posterior aparición de la Seguridad Social como sistema público organizado de protección social. En este momento coexisten en España, la Beneficencia, la Asistencia social, los Seguros Sociales y la Seguridad Social que son el germen de lo que a finales del siglo XX será el sistema público de servicios sociales.

     

    Estado de Bienestar y servicios sociales

    Uno de los fallos del actual sistema capitalista es la generación de desigualdades sociales, las cuales tuvieron su origen a finales del siglo XVIII con el desarrollo del sistema económico liberal a partir de la Revolución Industrial. Dicho sistema dio lugar a la necesidad de elaborar una serie de políticas sociales para enmendar las desigualdades sociales que comenzaba a generar; el Estado de Bienestar.

    En el origen del Estado de Bienestar en Europa está la seguridad social que surgió a nivel nacional  en la Alemania de Bismack en 1883 y se extendió por toda Europa durante el período anterior a 1920.

    Tras la Segunda Guerra Mundial se va a otorgar un papel creciente a los servicios sociales, orientados hacia la prevención y a la calidad de vida de la ciudadanía. La Seguridad Social adquiere tal relevancia que aparece en 1948, como parte integrante de la Declaración de los Derechos Humanos.

    El Estado de bienestar implica que el estado destine una buena parte de sus ingresos a determinados colectivos. El gasto social tiene tres tipos de destinatarios:

    • Los gastos por prestaciones de carácter contributivo. Sus beneficiarios son aquellos que han contribuido previamente con sus cotizaciones a la Seguridad Social durante un determinado periodo de tiempo. En este grupo están las pensiones contributivas, la prestación por desempleo o por incapacidad laboral. En conjunto, suponen más de la mitad del gasto social, debido sobre todo al importante peso de las pensiones.
    • El segundo grupo de gastos está formado por las prestaciones de carácter universal, como educación y sanidad, dirigidas a toda la población y que sólo requieren que el beneficiario las solicite.
    • El tercer grupo de gastos es el de las prestaciones de carácter compensatorio destinadas a los colectivos sin recursos o con unos recursos muy escasos. Aunque no es comparable a los dos anteriores, es el tipo de gasto que incide más en la equidad, por sus funciones de asistencia social hacia los sectores más desfavorecidos.

    En este tipo de gastos están los salarios de garantía para quienes no tienen derecho a la prestación por desempleo, las pensiones no contributivas, las viviendas de protección oficial (VPO), los servicios sociales para personas dependientes, etc. Sus beneficiarios son, básicamente, los que están por debajo del umbral de la pobreza.

     

    España y los servicios sociales

    En España, podemos situar los antecedentes del Estado de Bienestar en los años 60. En esta época el sector privado era el encargado de prestar servicios sanitarios, educativos y sociales. Corría el año 1957, cuando Caritas Nacional crea la Sección Social con el claro objetivo de superar la beneficencia pública y desarrollar los servicios sociales. En 1963 la protección pública del Estado español crea el Sistema de la Seguridad Social con prestaciones básicas y complementarias, en las que se verán incluidos los servicios sociales y la asistencia social de la Seguridad Social.

    Tenemos que retroceder hasta los años 80 en España para hablar propiamente de un nacimiento del Sistema público de servicios sociales. Los 10 años comprendidos entre el entre la aprobación de la Constitución Española en 1978 y la puesta en marcha del Plan Concertado de Servicios Sociales en 1988 fue un tiempo en el que los trabajadores sociales vieron cumplidas tres de sus reivindicaciones históricas: los estudios universitarios de Trabajo Social (1981), los colegios profesionales (1982) y el desarrollo de un sistema público de Servicios Sociales.

    La llegada de la democracia y el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución de 1978 supusieron un cambio importante en la historia de los servicios sociales. Se dejó de hablar de beneficencia y se comenzó a hablar del marco de los derechos sociales. Gracias a los trabajadores sociales, se consiguió eliminar el termino beneficencia de los proyectos de Constitución y en su lugar apareció el término asistencia social como competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

    En la Constitución se establece que las competencias en materia de Asistencia Social recaen en las Comunidades Autónomas y con la aprobación de sus correspondientes leyes en materia de asistencia social y servicios sociales.

    La Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, a través del Sistema Público de Servicios Sociales, pretenden oficialmente cubrir las necesidades sociales de la ciudadanía. Está configurado por prestaciones y servicios de la Administración del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Corporaciones locales (Ayuntamientos).

    Se establece que la asistencia social es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Las leyes Autonómicas de Servicios Sociales contemplan una red de equipamientos y servicios, que han supuesto el desarrollo e implantación de los Servicios Sociales en todo el territorio del Estado. A partir de 1982 comenzaron a aprobarse en las comunidades autónomas las Leyes de Servicios Sociales.

    Entre los años 1983 y 1985 se dieron las primeras transferencias en materia de servicios sociales a las comunidades autónomas y aparecieron las primeras leyes en esta materia que se han ido aprobando las 17 comunidades. El eje de estas leyes es la organización del sistema público de servicios sociales, desarrollando el papel de los servicios sociales de atención primaria y servicios sociales de atención especializada en el ámbito de personas sin hogar.

    Las prestaciones se ejecutan a través de los servicios sociales municipales. La atención primaria incluye, además, los programas de urgencias y emergencias sociales y la atención a los sectores y a los colectivos con problemas sociales específicos (personas sin hogar, drogodependientes, etc.). Este conjunto de servicios integra los servicios sociales especializados, que constituyen el segundo nivel de atención. Están dirigidos a dirigidos a colectivos específicos de población (tercera edad, infancia, juventud, toxicómanos, personas sin hogar, etc.), y se relacionan con las necesidades personales y características grupales de los usuarios. En el primer nivel de servicios sociales están las prestaciones básicas y específicas dirigidas a toda la población.

    En resumen, podemos decir que la historia de los servicios sociales nos enseña cómo se han asentado en la sociedad un sistema recursos imprescindibles para garantizar el bienestar de las personas y su acceso al Estado de ese bienestar. Su acepción ha evolucionado desde una visión de beneficencia y asistencial a otra más garantista e integradora.

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